La crisis del cierre del Gobierno en Estados Unidos genera incertidumbre para los 42 millones de beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), incluidos 10 millones de latinos. La disputa presupuestaria entre demócratas y republicanos pone en riesgo estos fondos esenciales. El presidente Donald Trump ha solicitado a la Fiscalía General encontrar una forma legal de financiar el programa. A pesar de un fallo judicial que permite usar fondos de emergencia, la distribución inmediata de la ayuda sigue en duda. En estados como Florida, Texas y California, donde la necesidad es crítica, aumentan las visitas a los bancos de alimentos y las tensiones por la escalada de precios. Organizaciones de apoyo se preparan para un incremento de demandantes, mientras la comunidad expresa temor por el impacto económico en sus vidas.
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