La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha destapado un entramado presuntamente corrupto vinculado al entorno de la ministra Montero. Según los hallazgos, se sugiere que su equipo habría intermediado favores económicos relacionados con el exministro Ábalos y contratos de fondos públicos. Las nuevas pruebas incluyen grabaciones que comprometen al jefe de gabinete, Carlos Moreno, donde se evidencia la solicitud de favores económicos significativos.
Uno de los audios más reveladores proviene de Koldo García, persona de confianza de Ábalos. En esta grabación, García menciona que tiene retenidos cuatro millones y medio de euros relacionados con el aeropuerto de Ciudad Real y que la reunión con Moreno es crucial para desbloquear esa suma. Este intercambio pone de relieve la conexión institucional entre Montero y el caso.
Además, se desvela que Aldama proporcionó a Ábalos un contrato de arrendamiento de un inmueble en la Castellana, que actúa como garantía para la entrega de comisiones provenientes de contratos públicos. Esta situación trasciende lo administrativo y sugiere un compromiso personal en la mediación de favores.
En su función, Moreno habría gestionado el aplazamiento de un embargo a la sociedad de Aldama, indicando que cualquier movimiento requería el visto bueno de Montero. Este comportamiento intensifica la gravedad de la situación al implicar directamente a la ministra en las negociaciones.
Paralelamente, la Fiscalía Anticorrupción ha iniciado investigaciones tras una denuncia sobre un esquema de pagos en sobres, vinculado a José Antonio Marco Sanjuán, el ‘tres’ de Montero. Este último desarrollo añade un punto crítico a la situación, aumentando el riesgo político y judicial para la ministra.
Los delitos investigados abarcan cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, y malversación de caudales públicos, con penas que podrían superar los seis años de prisión. La presión política está en aumento, con el PP de Andalucía exigiendo explicaciones sobre su conocimiento respecto a los favores económicos solicitados y el alquiler del inmueble.
Mientras el PSOE sostiene que no existe una imputación directa, la colaboración del entorno de Montero con la justicia es el foco de defensa. Sin embargo, la situación sigue generando desconfianza en la ciudadanía y un llamado a mayores mecanismos de transparencia en la gestión pública, tanto a nivel nacional como autonómico.
En resumen, los últimos eventos destacan varios puntos clave: los cuatro millones de euros retenidos, el contrato de arrendamiento vinculado a favores, el aplazamiento del embargo y la libreta de mordidas, entre otros. Con todos estos elementos en juego, el cerco judicial sobre Montero se ha apretado, y su futuro político está en la balanza, a medida que la investigación se profundiza. Las próximas semanas serán decisivas para determinar si los indicios son suficientes para una imputación formal.
Fuente: Partido Popular Andalucía
