La situación actual en el Gobierno de España, específicamente en el Ministerio de Hacienda, ha generado controversia debido a las operaciones financieras que involucran el uso de fondos públicos. María Jesús Montero, la vicepresidenta primera del Gobierno y líder del PSOE andaluz, ha sido señalada por destinar cerca de seis millones de euros a mantener un ejército de asesores que fueron designados a dedo. Esta información, revelada por El Debate, indica que desde 2018, una decena de altos cargos ha cobrado sueldos que superan los 5,7 millones de euros.
Montero ha optado por no revelar los nombres de estos asesores, argumentando que su divulgación podría llevar a su publicación en los medios. Esta negativa contrasta con lo que estipulan tanto el Tribunal Supremo como el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que establecen que esta información debe ser pública cuando se trata de personal eventual de alto rango. Esta falta de transparencia se produce en un contexto ya marcado por escándalos en el Gobierno, como el caso Koldo y las acusaciones de enchufismo.
A pesar de que la recaudación fiscal ha incrementado significativamente durante su mandato—con un aumento del 56% en el IRPF, del 29% en el IVA y del 57% en el impuesto de sociedades desde 2018—también se ha observado un crecimiento proporcional del gasto en personal de confianza. En 2024, los ingresos públicos alcanzaron cifras récord, con 129.408 millones de euros en IRPF y 90.541 millones en IVA. Sin embargo, junto a este aumento de ingresos, el gasto en asesores superó un millón de euros.
La discrepancia entre el número de asesores reportados por Hacienda y aquellos que aparecen en el Boletín Estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas genera dudas sobre la veracidad de la información facilitada. Tal incongruencia sugiere una posible ocultación de datos.
Los gastos relacionados con estos asesores no solo se han mantenido, sino que han aumentado gradualmente: de 758.346,74 euros en 2019 a cerca de un millón de euros anuales en años recientes, sin que se conozcan claramente sus funciones.
Mientras Montero destina millones a su círculo de asesores, Andalucía continúa enfrentando serios problemas de infrafinanciación. Esta situación se traduce en miles de millones que se pierden en un modelo de reparto de recursos que la comunidad ha estado reclamando reformar durante años. Esta falta de financiamiento afecta la calidad de sus servicios públicos, tales como sanidad y educación, y crea problemas de infraestructura, lo que se traduce en ciudadanos atrapados en trenes con averías o carreteras colapsadas.
La situación es aún más preocupante si consideramos que Montero ha estado en negociaciones silenciosas con los independentistas para asegurar una financiación singular que le permita mantener a su jefe, Pedro Sánchez, en el poder. La imagen es clara: mientras se invierten millones en asesores en Madrid, Andalucía sigue recibiendo recortes y abandono.
Fuente: Partido Popular Andalucía
