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Montero rompe su promesa y continúa negando a Andalucía la financiación justa que exigía como consejera

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Montero

El PP de Andalucía y el gobierno autonómico han decidido levantar la voz frente a lo que consideran un agravio continuo por parte de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Esta andaluza, según el gobierno regional, está llevando a cabo una propuesta engañosa de quita de deuda que no solo es catalogada como una «operación de maquillaje contable», sino que, además, no aportaría recursos reales para mejorar los servicios públicos esenciales en la comunidad. Los dirigentes andaluces sostienen que esta medida blanquea las concesiones del Gobierno de Pedro Sánchez a partidos nacionalistas como Junts y ERC.

Carolina España, coordinadora del Área de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Ejecutivo andaluz, fue clara en su evaluación tras una reunión del Consejo de Gobierno. «Acabará la legislatura y no tendremos un nuevo modelo del sistema de financiación autonómica», advirtió, reflejando el bloqueo que enfrenta Andalucía debido a la falta de compromiso del gobierno central.

Este conflicto se vuelve especialmente significativo por el cambio de postura de Montero, quien, como consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, abogaba por una reforma del sistema de financiación hasta que asumió su actual cargo. Desde entonces, la Junta ha notado un abandono en la defensa de una financiación justa para la comunidad. España criticó que Montero no solo ignora las demandas de Andalucía y de la mayoría de las comunidades autónomas para reformar el modelo, sino que, por el contrario, parece satisfacer las exigencias de los nacionalistas.

El gobierno andaluz ha destacado que la propuesta del Ministerio carece de recursos adicionales para áreas vitales como la sanidad, la educación, la dependencia o las políticas sociales. En lugar de ofrecer ayuda real, se limita a reestructurar pasivos contables, lo que no generaría impacto en el gasto público ni mejoraría la situación financiera de la comunidad. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha corroborado que los intereses liberados de dicha propuesta no podrían destinarse a políticas públicas, sino únicamente a amortizar deuda, lo que ha llevado a España a calificarlo como un «trilerismo político».

La Junta de Andalucía exige una reforma urgente del sistema de financiación autonómica para recuperar los 1.522 millones de euros anuales que actualmente pierde bajo el modelo vigente. La situación se agrava con el recuerdo de las cesiones millonarias a Cataluña, contrastando con la realidad andaluza, lo que lleva a la consejera a concluir que «o se está con Puigdemont y Junqueras, o se está con Andalucía». A su juicio, la ministra Montero ha decidido alinearse con los intereses de Sánchez y los líderes independentistas, condenando a Andalucía a una situación de infrafinanciación crónica.

Además, la consejera ha denunciado otros incumplimientos económicos del gobierno central, incluyendo la pérdida de 863 millones de euros en los primeros meses de 2025, fruto de la falta de actualización en las entregas a cuenta, así como una deuda adicional de 200 millones anuales por dependencia y 78 millones por un criterio de reparto injusto en el impuesto a las entidades financieras.

Pese a este panorama, Carolina España ha afirmado el compromiso de la Junta con el diálogo y la «lealtad institucional», siempre que se enfoque en una verdadera reforma del sistema de financiación y en la creación de un fondo transitorio de nivelación. Insiste en que la comunidad es financieramente solvente y tiene capacidad para acceder a los mercados, lo que establece una clara diferencia con otras comunidades autónomas que enfrentan mayores niveles de endeudamiento.

Por último, la consejera se ha cuestionado la necesidad de que Andalucía suscriba a este tipo de propuestas que solo buscan resignar la comunidad a una situación de desventaja, preguntándose qué beneficios reales aportaría «blanquear las cesiones al independentismo» sin que Andalucía reciba nada a cambio. Este contexto resalta lo que el gobierno andaluz considera un desprecio absoluto hacia los intereses y necesidades de los ciudadanos andaluces.

Fuente: Partido Popular Andalucía

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