La legislación andaluza prohíbe la celebración de elecciones durante los meses de julio y agosto, lo que restringe el calendario electoral de la región. Esta normativa obliga a las autoridades a planificar los comicios en otros momentos del año, afectando la organización y la estrategia política de los partidos involucrados. Esta limitación temporal busca evitar el impacto del calor estival y las vacaciones en la participación ciudadana durante el proceso electoral.
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