A partir del 1 de enero de 2030, en España, cualquier operación de compraventa o alquiler de viviendas deberá cumplir con un nuevo requisito legal de eficiencia energética, en consonancia con la Directiva Europea. Esto exigirá una calificación mínima de letra E, que se elevará a D en 2033, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero proveniente del sector de la construcción. El cumplimiento de estos estándares motivará a los propietarios, especialmente de viviendas antiguas, a realizar reformas en aislamiento, sistemas de climatización e instalación de energías renovables. La obtención del Certificado de Eficiencia Energética requerirá la contratación de técnicos especializados y su registro en la comunidad autónoma, con un coste que varía entre 50 y 200 euros. Dada la antigüedad del parque inmobiliario español, un 85 % necesitará rehabilitación, por lo que el gobierno y la Unión Europea están activando programas de ayuda como los Fondos Next Generation para mitigar el impacto económico. El incumplimiento podría resultar en multas de hasta 60.000 euros para aquellos que omitan esta obligación.
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