En un movimiento que promete marcar un antecedente en la protección de la privacidad de los consumidores, la Comisión Federal de Comercio (FTC) de los Estados Unidos ha instaurado un acuerdo que restringe a General Motors (G.M.) y su subsidiaria OnStar en la venta de datos de geolocalización y comportamiento del conductor. Esta prohibición se mantendrá durante los próximos cinco años y representa un alivio para los propietarios de vehículos de G.M., quienes han expresado su preocupación por el manejo de su información personal.
La medida de la FTC se produce tras una investigación llevada a cabo el año pasado por el New York Times, la cual expuso que G.M. había estado compartiendo datos con compañías de seguros sin que los conductores tuvieran un conocimiento claro de dichas prácticas. Esta práctica habría resultado en incrementos en las primas de seguro de algunos conductores, a menudo dejándolos confundidos sobre las razones detrás de estos aumentos. El problema no es exclusivo de G.M., sino que está presente en varios fabricantes de automóviles, aumentando la complejidad para los consumidores en entender qué información recogen sus vehículos y cómo se utiliza.
La queja formal de la FTC describe un patrón de inscripción engañosa de G.M. para sus servicios conectados de OnStar, originalmente diseñados para asistir en emergencias pero que terminaron recolectando y compartiendo más datos de los previstos. Los usuarios, sin saberlo, aceptaban compartir su ubicación y comportamientos de conducción con terceros, incluidos aseguradoras y agencias de informes de consumo. La falta de claridad sobre a quién se compartían estos datos y para qué propósito resaltó la tensión entre garantizar la seguridad vehicular y la protección de la privacidad del usuario.
En el ámbito de aplicación del acuerdo, G.M. y OnStar están obligados a cesar prácticas invasivas respecto a la privacidad. Específicamente, no podrán compartir datos sensibles sin consentimiento explícito, deben proporcionar a los consumidores acceso a sus datos recolectados, y ofrecer la opción de desactivar ciertas funciones de recolección de datos.
Este movimiento es celebrado como un avance importante hacia una mayor protección de la privacidad de los consumidores en la industria automotriz. Sin embargo, expertos en privacidad abogan por que estas medidas sean estandarizadas y extendidas más allá de cinco años, sugiriendo la necesidad de una legislación integral que regule el uso de datos por parte de todos los fabricantes de automóviles. Dicha legislación debería incluir normas estrictas sobre minimización de datos y requisitos claros para obtener el consentimiento de los usuarios, garantizando que los fabricantes solo recojan y usen datos necesarios para los servicios solicitados por los consumidores.
Este contexto eleva la conversación sobre la privacidad en la era digital, imponiendo un desafío a las empresas para equilibrar innovación, servicio al cliente y protección de datos sensibles. En el caso de la industria automotriz, las prácticas de recopilación de datos se encuentran ahora bajo un escrutinio más intenso, prometiendo una reformulación de políticas que prioricen la confianza y transparencia hacia el consumidor.
