La vertiginosa expansión de universidades privadas en España está suscitando preocupaciones sobre la preservación de la calidad educativa y la equidad social, características esenciales de la educación superior pública. La proliferación de centros privados, que ya igualan en número a las públicas, está impulsada por una lógica mercantil que socava la igualdad de acceso y moviliza la especulación en detrimento de un modelo integral y equilibrado, generando una sobreoferta formativa que no responde a las necesidades reales del país. Mientras, las universidades públicas enfrentan restricciones presupuestarias que limitan sus capacidades operativas. Aunque el Gobierno ha implementado normativas para regular la calidad educativa y frenar las denominadas «universidades chiringuito», la presión empresarial sigue empujando hacia la privatización del sector. Además, se registró un significativo aumento en la facturación de universidades privadas, indicando un preocupante avance del capital financiero en este ámbito. Ante esta situación, algunas voces políticas exigen una planificación financiera sostenible para las universidades públicas, una moratoria en la creación de nuevos centros privados y medidas estrictas para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, todo ello destinado a proteger el acceso universal y la calidad educativa.
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