En el debate público español, se ha vuelto común desde ciertos sectores minimizar el impacto histórico de ETA, sugiriendo que sus crímenes deben ser olvidados para avanzar. Sin embargo, estas voces, a menudo asociadas con el nacionalismo vasco y elementos de la izquierda que también mantienen viva la memoria de la Guerra Civil y el franquismo, promueven una postura ambigua hacia los presos de ETA, buscando legitimar su legado como resistencia política. La reciente reforma legal que acorta las penas de más de 40 presos por terrorismo, apoyada por partidos de izquierda, incluyendo el PSOE y sus aliados, ha avivado la controversia, acusándolos de relativizar la gravedad de ETA y amenazar la integridad democrática del país. Esta situación plantea una reflexión sobre las implicaciones históricas y morales de aceptar esta narrativa, sugiriendo que podría comprometer el futuro social y político de España.
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