La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha recibido 9.632 solicitudes a la convocatoria para evaluar los complementos autonómicos del Personal Docente e Investigador (PDI). Esta evaluación se realiza por primera vez bajo el nuevo modelo de financiación aprobado en junio pasado por la Junta de Andalucía, rectores y sindicatos en la Mesa General de Negociación de las Universidades Andaluzas. La principal novedad del nuevo sistema es la periodicidad anual en el reconocimiento de estos complementos.
El procedimiento comenzó el 17 de septiembre y a lo largo del mismo, la Consejería ha mantenido un continuo contacto con representantes universitarios y sindicales para evaluar posibles incidencias. Como resultado de esta colaboración, la Junta está dispuesta a incorporar en la evaluación de 2025 a los profesores sustitutos interinos a tiempo parcial que cumplan 900 horas de docencia. Además, se planea incluir a investigadores de excelencia en determinadas convocatorias nacionales y se permitirá al personal recientemente acreditado como doctor contratado, que anteriormente se acogía a la categoría de ayudante doctor, participar en futuras ediciones.
Los complementos autonómicos representan un tipo de remuneración adicional para la plantilla universitaria, relacionada con sus actividades en docencia, I+D, transferencia de conocimiento e innovación, y gestión. Su objetivo es alcanzar la excelencia en estas áreas. La remuneración se divide en tramos, con un máximo de cinco tramos acreditables, y cada uno tiene un importe de 1.800 euros anuales en esta convocatoria.
Desde hoy, 1 de octubre, y hasta el 3 de diciembre, se ha abierto el plazo para que el personal con tramos reconocidos anteriormente pueda solicitar la convalidación de esos méritos. Este proceso es automático y los interesados solo deberán enviar un correo electrónico a la Administración autonómica para recibir la resolución. Este trámite otorga a los tramos una condición de consolidables.
En Andalucía, los profesores e investigadores suman casi 18.400 personas, la mayoría de los cuales podrán beneficiarse de esta convocatoria gracias a la ampliación de las figuras beneficiarias. Esta convocatoria se dirige al PDI vinculado a universidades públicas, sin necesidad de acreditar antigüedad, un requisito que sí se exigía antes. También podrán participar profesionales de instituciones académicas públicas fuera de la comunidad con una antigüedad mínima de dos años en el sistema andaluz.
La convocatoria clasifica al PDI en cuatro categorías: personal docente e investigador a tiempo completo (incluyendo catedráticos y profesores titulares), PDI laboral (profesores asociados, sustitutos y permanentes a tiempo completo), investigadores doctores contratados a tiempo completo y profesorado colaborador con plaza derivada de convocatorias previas a 2013. Todos deben estar en servicio activo o en situaciones equivalentes.
La Junta ha flexibilizado los criterios para obtener los cinco tramos, permitiendo que se obtengan con base en docencia e investigación, omitiendo la gestión. Esto garantiza que quienes no participen en la convocatoria actual puedan tener en cuenta su experiencia en futuras evaluaciones. La evaluación de méritos será responsabilidad de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) y la asignación de la retribución será gestionada por cada universidad pública.
La Consejería ha simplificado este procedimiento, haciéndolo casi automático, y ha establecido un plazo máximo de seis meses para resolverlo desde su publicación, evitando retrasos como los ocurridos en la convocatoria de 2018. El marco normativo actual, aprobado en julio pasado, pone fin a diez años de reclamaciones y cumple con la normativa que exigía regular este tipo de evaluación.
Fuente: Junta de Andalucía.
