En los últimos siete años, un total de 305.371 personas han ingresado a España de manera irregular, según cifras oficiales. Este flujo migratorio ha planteado importantes desafíos para las autoridades españolas en términos de gestión de fronteras y acogida de migrantes. El tema sigue siendo una cuestión candente en el debate político nacional, mientras el gobierno busca equilibrar sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos con las presiones internas para controlar la inmigración. Las llegadas han sido principalmente por vía marítima, lo que ha incrementado las operaciones de rescate en el Mediterráneo y el Atlántico, y ha puesto a prueba los recursos de las regiones costeras que suelen ser los primeros puntos de recepción.
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