El Gobierno de Sánchez y Montero ha tomado una decisión que ha generado gran controversia en Andalucía: la congelación de la financiación estatal al sistema de dependencia. Esta medida implica que no habrá incremento de recursos para los años 2024 y 2025, lo que ha sido catalogado por el Gobierno andaluz del PP como un claro castigo a miles de familias que dependen de estas ayudas.
Loles López, la consejera de Inclusión Social, mostró su frustración tras una reciente reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales, enfatizando que la falta de compromiso del Ejecutivo central agrava la histórica brecha de financiación que sufre Andalucía. Esta situación, que se arrastra desde hace años, ha llevado a que actualmente el Estado deba más de 4.500 millones de euros a la comunidad desde 2019. En contraste, el Gobierno andaluz ha invertido más de 8.000 millones en el sistema de dependencia desde la llegada de Juanma Moreno a la presidencia, frente a los apenas 3.500 millones aportados por el Gobierno de Sánchez.
La consejera López también apuntó que el presupuesto andaluz de 2025 incluye una cifra récord de 2.331 millones de euros para dependencia, un aumento del 19% respecto al año anterior. Esta situación revela el compromiso del Gobierno andaluz con el sostenimiento del sistema de dependencia, aunque también destaca la presión que sienten para hacerlo en solitario, dado que el Estado nunca ha cumplido con su obligación de financiar equitativamente.
A la crítica financiera se suma la preocupación por la reciente reforma de la Ley de Dependencia impulsada por el Gobierno central, la cual carece de la necesaria memoria económica. Desde Andalucía se ha calificado esta acción como irresponsable, ya que no se puede legislar sin los recursos necesarios, lo que podría generar más frustración entre los dependientes.
A pesar de la parálisis y el castigo por parte del Gobierno de España, el Ejecutivo de Juanma Moreno sigue trabajando para modernizar y reforzar el sistema de dependencia en la comunidad. De hecho, Andalucía ha alcanzado cifras récord en el número de personas atendidas y prestaciones concedidas, con cerca de 300,000 personas dependientes recibiendo atención a finales de enero de 2025.
Esta situación ha puesto de relieve un contraste significativo con los años de gestión socialista, donde miles de personas quedaron fuera del sistema de dependencia, enfrentando largas listas de espera y la falta de recursos adecuados. Durante el gobierno del PSOE, más de 34,000 personas fueron expulsadas del sistema, y miles murieron antes de recibir la atención que necesitaban.
Ahora, el Gobierno de Juanma Moreno se enfoca en la creación de un sistema justo y eficiente, con un aumento significativo en la inversión para el año 2025. La consejera Loles López ha reiterado el firme compromiso del Ejecutivo andaluz con las personas dependientes, rechazando que la falta de recursos del Estado paralice el avance en la atención a estas personas.
Andalucía, a pesar del abandono estatal, se ha establecido como un referente nacional en la atención a la dependencia. La comunidad ha logrado optimizar su sistema, mejorando tanto la calidad del servicio como los tiempos de respuesta. El Gobierno andaluz está decidido a continuar consolidando este modelo, enfatizando que el esfuerzo debe ser compartido y que el abandono del Gobierno de España no puede ser una constante en la atención a los dependientes.
Los responsables andaluces insisten en que no están pidiendo privilegios, sino justicia y cumplimiento de derechos fundamentales que, según ellos, no deberían estar sujetos a la voluntad política de un Ejecutivo que ha fallado en sus compromisos.
Fuente: Partido Popular Andalucía
