El Ministerio de Sanidad exigirá a los laboratorios transparencia en los costes de producción de medicamentos, con el objetivo de mejorar la transparencia en la fijación de precios y reducir los márgenes de beneficio de las farmacéuticas. Esta nueva medida, impulsada por el equipo de la ministra Mónica García, pedirá que las compañías revelen los costes reales de producción, investigación y desarrollo de los medicamentos antes de que se fijen los precios finales para su inclusión en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

El nuevo real decreto en consulta pública establece explícitamente esta obligación para los laboratorios farmacéuticos. La intención es que, al conocer los costes reales, la fijación de los precios sea más justa y deje menos margen para beneficios excesivos. La opacidad tradicional en las negociaciones sobre los precios de los medicamentos ha sido un punto de crítica por diversas asociaciones y agentes del sector.

Hasta ahora, los precios de los medicamentos se han establecido sin tener claros estos costos de producción, lo que, según asociaciones como la Asociación para un Acceso Justo al Medicamento (AAJM), ha permitido a las farmacéuticas maximizar sus beneficios. La modificación del enfoque por parte del Ministerio de Sanidad incluye la divulgación pública de los precios de medicamentos clave como el Veklury (remdesivir) y el Yescarta (axicabtagén ciloleucel), ambos pertenecientes al laboratorio Gilead.

El contexto de esta medida se da en un escenario de creciente preocupación por el gasto farmacéutico, que en 2023 superó los 23.000 millones de euros. Este gasto exorbitante evidencia la necesidad de implementar regulaciones más estrictas para la fijación de precios y proteger así las arcas públicas. La AAJM destaca que los precios pagados actualmente están muy por encima de los costes de producción, subrayando la urgencia de esta nueva regulación.

Un ejemplo reciente de cómo estas decisiones afectan al sistema público es la prohibición de la venta del anticoagulante genérico Apixabán por parte de la Audiencia Provincial de Barcelona. Esta prohibición restablece el monopolio de Bristol Myers Squibb sobre el medicamento, obligando a las comunidades autónomas a asumir un sobrecoste anual de 138 millones de euros. La AAJM solicita que se recurra esta decisión para evitar un mayor gasto en el sistema de salud pública.

En resumen, la iniciativa del Ministerio de Sanidad busca aumentar la transparencia y equidad en la fijación de precios de los medicamentos, asegurando que los laboratorios farmacéuticos informen sobre los costes reales de producción antes de establecer los precios finales. Esta medida podría tener un impacto significativo en la reducción del gasto público en medicamentos y en la protección de las finanzas públicas.