El gobierno ha anunciado planes para implementar un decreto dirigido a acelerar el proceso de deportación de inmigrantes en situación irregular. Esta medida forma parte de un esfuerzo más amplio para abordar los desafíos migratorios y fortalecer la seguridad en las fronteras. La propuesta ha generado un intenso debate entre defensores de derechos humanos, quienes advierten sobre el posible desarraigo de familias y dificultades legales, y quienes apoyan la medida, abogando por una mayor regulación y control de la inmigración. Las autoridades insisten en que el decreto cumplirá con los estándares internacionales de derechos humanos mientras se ejecuta de manera efectiva para solucionar un problema creciente.
Leer noticia completa en El Mundo.
