En un inesperado giro, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha dado marcha atrás a la decisión de someter a las agencias anticorrupción a control político tras recibir críticas internas y de aliados europeos. La controvertida Ley 12414, que comprometía la independencia de la NABU y la SAPO situándolas bajo el control del fiscal general, provocó manifestaciones masivas en el país y reclamos de la comunidad internacional. Ante la presión, Zelenski propuso una nueva legislación para restaurar la autonomía de estas instituciones, asegurando que no habría injerencia rusa y que se preservaría la independencia de los organismos anticorrupción, medida respaldada por los activistas y la diplomacia europea. Zelenski busca así desactivar la tensión mientras enfrenta el reto de fortalecer la unidad nacional en medio de la guerra contra Rusia.
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