Andalucía ha cerrado el primer semestre del año con la marcada problemática de la infrafinanciación por parte del Estado, un hecho que genera un reparto desigual de fondos y convierte a esta comunidad en una de las regiones más desfavorecidas de España. La situación adquiere un tinte de indignación al recordar que los andaluces reciben menos recursos que los habitantes de otras autonomías.
Esta afrenta resulta especialmente preocupante, ya que coloca en evidencia la actitud del Gobierno central, que parece ignorar la igualdad de derechos entre todas las comunidades. Las recientes maniobras en torno a la financiación de la Generalitat, que incluyen el traspaso de toda la Hacienda, acentúan aún más este desequilibrio. El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha insistido repetidamente en que la comunidad necesita 1.522 millones de euros adicionales al año para alcanzar la media nacional y, en todo caso, para asegurar la equidad.
A pesar de que esta cifra podría considerarse deficitaria para cubrir las necesidades de servicios públicos de una región con 8.6 millones de habitantes, permitiría al menos avanzar hacia una situación de igualdad. Sin embargo, las proyecciones indican que para 2026 esa cifra debería aumentar a 1.800 millones debido a la evolución económica y a la creciente brecha financiera entre comunidades.
La situación no solo preocupa al Partido Popular; también economistas de Fedea han subrayado la necesidad urgente de reformar el sistema de financiación autonómica. Con los recursos adecuados, Andalucía podría mejorar significativamente sus servicios públicos y avanzar en infraestructuras críticas que dependen del financiamiento estatal. Sin esos fondos, la implementación y actualización de proyectos se verían prolongados, poniendo en riesgo el bienestar de la población.
Específicamente, el financiamiento adecuado podría traducirse en la construcción de 100 desaladoras para afrontar la crisis de sequía, que continúa afectando a la comunidad, así como en la generación de 11.500 nuevas viviendas. También permitiría crear 10 kilómetros de nueva línea de metro o reparar la red de carreteras existente.
En el ámbito educativo y sanitario, la infrafinanciación limita la posibilidad de emplear 15.000 nuevos docentes o abrir la puerta a 30.000 profesionales de la salud. Además, la creación de 40.000 plazas en centros de día y residencias para mayores podría ser una realidad si se contara con los recursos necesarios.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, está al tanto de esta problemática, sabiendo que su tierra se beneficia enormemente del aumento de las partidas económicas que se han olvidado en las cuentas del Gobierno. Si antes abogaba por una mejor financiación para Andalucía, su llegada al Gobierno ha representado, para muchos, una traición a su comunidad.
Desde 2009, la comunidad autónoma ha acumulado una deuda histórica que oscila entre 15.000 y 20.000 millones de euros, una situación que se remonta a sus últimos acuerdos y a la necesidad del entonces presidente Zapatero de alinearse con fuerzas nacionalistas para aprobar los presupuestos.
La presión que históricamente se ejerce sobre las comunidades como Andalucía se repite ahora, mientras otros territorios consiguen beneficios sustanciales en sus acuerdos con el Gobierno central. Todo esto se traduce en un día a día lleno de agravio, donde un andaluz recibe 773 euros menos que un riojano y 214 euros menos que un catalán, reflejando una profunda desigualdad que no puede ignorarse.
La serie de preguntas que surgen refleja el momento crítico por el que atraviesa la comunidad: ¿Cuándo se abordarán las infraestructuras esenciales? Desde el acceso de Almería a Granada hasta las conexiones ferroviarias y los proyectos de saneamiento, la reiterada demanda de soluciones resuena en cada rincón de la región.
Andalucía vive un estado de resignación ante la falta de respuesta a sus necesidades. La pregunta queda en el aire: ¿Pa’ cuándo?
Fuente: Partido Popular Andalucía
