La Franja de Gaza vuelve a ser un epicentro de tragedia humanitaria tras la reanudación de los bombardeos israelíes que han dejado más de 124,000 personas desplazadas. Según fuentes humanitarias, la escalada de violencia ha resultado en 50,082 muertes desde el 18 de marzo, con 730 fallecidos y 1,367 heridos solo en los últimos días. La situación es calificada como una catástrofe humanitaria por la ONU, debido al asedio que impide la entrada de ayuda y ha provocado una grave escasez de alimentos. El coordinador humanitario de la ONU, Tom Fletcher, ha denunciado los alarmantes ataques contra trabajadores sanitarios y hospitales, exigiendo protección para ellos a través de su cuenta en la plataforma X.
En el ámbito internacional, ONUSIDA alerta sobre el impacto devastador que podría tener la reducción de fondos por parte de Estados Unidos, el mayor contribuyente hasta la fecha. Esta disminución en la financiación podría causar seis millones de muertes adicionales por sida en los próximos cuatro años, además de 8.7 millones de nuevas infecciones. Winnie Byanyima, directora de ONUSIDA, ha manifestado su preocupación por el futuro de millones de personas que dependen de estos programas.
Por su parte, la OMS enfrenta una crisis en la lucha contra la tuberculosis, la enfermedad infecciosa más letal del mundo, al informar que los avances están en riesgo ante los recortes financieros. Más de un millón de personas fallecen anualmente por esta enfermedad, y la organización urge a la comunidad internacional a aumentar el apoyo financiero para evitar retrocesos en el combate al padecimiento.
En otro escenario crítico, Afganistán vive las consecuencias de una política restrictiva que lleva tres años prohibiendo a las niñas el acceso a la educación secundaria. Esta medida podría dejar a más de cuatro millones de niñas sin oportunidad de continuar su desarrollo académico, incrementando la probabilidad de matrimonios precoces y la falta de profesionales calificadas en el sector sanitario. A pesar de estas restricciones, UNICEF ha conseguido que 445,000 niños y niñas accedan a la educación, y continúa abogando por la eliminación de dicha prohibición para asegurar el futuro de las jóvenes afganas.
Estas crisis simultáneas subrayan la necesidad de una respuesta internacional coordinada y urgente para evitar el sufrimiento de millones de personas y garantizar sus derechos fundamentales.
