La percepción de la okupación de viviendas en España como una amenaza creciente y descontrolada contrasta con la realidad estadística. Con 27 millones de viviendas en el país, las 16.400 denuncias registradas el año pasado representan solo el 0,06% del parque total. Además, solo un 7% de estas denuncias corresponden a casas habitadas o segundas residencias. La mayoría de las personas que recurren a este delito lo hacen por necesidad, enfrentándose a un mercado inmobiliario inaccesible y a situaciones de precariedad. La narrativa de la «epidemia okupa» ha sido alimentada por algunos medios, sectores políticos y empresariales, fomentando la demanda de seguros y alarmas. Sin embargo, el problema real, según expertos, es la emergencia habitacional y la falta de acceso a viviendas asequibles, mientras las condenas por allanamiento de morada siguen siendo excepcionales.
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