La ciudad de Little Rock, Arkansas, se convirtió en el centro de atención al lograr una victoria significativa para aquellos preocupados por la privacidad y la eficacia de las tecnologías de vigilancia. Este martes, en un tenso pero decisivo encuentro en el Ayuntamiento, la junta votó por una mayoría de 5-3 para cancelar el contrato con ShotSpotter, una controversial tecnología de detección de disparos. Esta decisión marca un hito en la lucha creciente contra el uso de este tipo de sistemas en Estados Unidos, que ha sido financiado inicialmente por una subvención federal en 2018.
Desde su instalación, ShotSpotter, ahora renombrado como SoundThinking, ha estado bajo el escrutinio de diversas partes por sus limitaciones y el efecto adverso sobre las comunidades que debería resguardar. Las críticas se centran en su aparente imprecisión y en la capacidad de la tecnología para atraer fondos federales destinados a las fuerzas policiales locales. La ciudad debía financiar una costosa renovación de contrato valorada en 188,000 dólares, un gasto que finalmente se ha decidido evitar.
La decisión de Little Rock no es aislada. Se une a un creciente número de ciudades estadounidenses que han optado por poner fin, cuestionar o resistir la implementación de esta tecnología en sus jurisdicciones. En el corazón del debate se encuentra la preocupación de importantes organizaciones como la Electronic Frontier Foundation (EFF), la cual ha manifestado que sistemas como SoundThinking podrían violar la privacidad ciudadana al capturar conversaciones privadas y, además, fomentar un tipo de vigilancia policial que favorezca la discriminación.
El rechazo a ShotSpotter ha sido un movimiento estratégico que grupos locales han alentado a través de la educación comunitaria y la desmitificación de las promesas hechas por la empresa propietaria de la tecnología. Estos esfuerzos han sido cruciales para desafiar la narrativa de seguridad que promueve la compañía.
Al decidir cancelar el contrato, Little Rock adopta una postura firme en favor de una seguridad pública que no sacrifique la privacidad y la dignidad de sus habitantes, en especial aquellos de comunidades históricamente marginadas. Este cambio no solo desafía el estatus quo de las prácticas de vigilancia, sino que también lanza una llamada de atención a otras ciudades para que reevalúen su dependencia de estas herramientas tecnológicas que frecuentemente fallan en entregar lo prometido y que pueden profundizar las desigualdades sociales existentes.
