La Electronic Frontier Foundation (EFF), en colaboración con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, ha intensificado sus esfuerzos por salvaguardar los derechos de privacidad de los viajeros al presentar un amicus brief ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos. La petición busca imponer la exigencia de una orden judicial para llevar a cabo búsquedas en dispositivos electrónicos de personas que cruzan las fronteras del país, una postura que la EFF ha defendido persistente y vocalmente tanto en los tribunales como en el Congreso durante casi diez años.
Este desarrollo judicial toma centralidad en el contexto del caso U.S. v. Kamaldoss, donde un teléfono celular y una computadora portátil fueron objeto de una búsqueda forense en el aeropuerto JFK de Nueva York. Las pruebas obtenidas mediante este procedimiento forense, que permite la utilización de software especializado para extraer y analizar datos detalladamente, fundamentaron la acusación de Kamaldoss por tráfico de medicamentos recetados. No obstante, la corte de primera instancia justificó estas búsquedas bajo la premisa de tener sospechas razonables sobre la implicación del acusado en actividades ilícitas de importación de drogas, una circunstancia considerada válida en las excepciones de búsqueda en frontera.
A pesar de esta justificación, el considerable incremento en las búsquedas de dispositivos sin orden judicial ha provocado inquietud. En el año fiscal 2023, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) realizó más de 41,000 búsquedas, lo cual la EFF y sus aliados perciben como una seria invasión a la privacidad de los pasajeros. Tradicionalmente, el Tribunal Supremo ha permitido este tipo de búsquedas bajo la premisa de bloquear el ingreso de contrabando al país, sin necesidad de una orden judicial previa.
La insistencia de la EFF se basa en el precedente establecido por el caso Riley v. California (2014), donde el Tribunal Supremo determinó que acceder a datos en un teléfono celular tras un arresto requiere una orden, considerando el volumen de información personal sensible que dichos dispositivos pueden contener. Este precedente empuja la argumentación de la EFF para exigir que el mismo estándar se aplique en las fronteras.
En su solicitud, la EFF sostiene que el acceso del gobierno a datos digitales sin restricciones en las fronteras posee justificaciones escasas. Argumentan que la posibilidad de encontrar bienes físicos como drogas en datos digitales es inexistente, y ciertos contrabandos de naturaleza digital no pueden ser prevenidos mediante búsquedas sin orden por la tecnología que utiliza almacenamiento en la nube.
Por ello, la EFF propone que, si no se emiten órdenes obligatorias para estas búsquedas, al menos se realicen solo bajo sospecha razonable y se enfoquen en la identificación de contrabando digital. De hecho, algunos tribunales de distrito del Segundo Circuito ya han establecido la obligatoriedad de las órdenes para llevar a cabo búsquedas en estos contextos, apoyando la solicitud de la EFF y poniendo de relieve la necesidad de proteger los derechos amparados por la Cuarta Enmienda de los viajeros en su entrada y salida del país.
