La reciente manifestación en Madrid, celebrada el 5 de abril bajo el lema ‘Por un Estatuto Propio para la Profesión Médica y Facultativa’, ha sido un claro reflejo del descontento generalizado en el sector de la salud. Miles de médicos y médicas de toda España se unieron para exigir cambios profundos en las condiciones laborales que han sido menospreciadas por las Administraciones sanitarias durante décadas. Esta situación, si no se corrige, podría llevar a un incremento de la conflictividad laboral y al gradual deterioro de la sanidad pública.
El estado actual de la profesión médica no es consecuencia únicamente de las políticas del actual Ministerio de Sanidad. Si bien la reforma del Estatuto Marco propuesta por la ministra Mónica García se percibe como un ataque directo a la profesión, la precariedad en la que operan los médicos tiene raíces más profundas y un trasfondo político que trasciende los gobiernos actuales. Los partidos mayoritarios del país, en su mayoría, comparten una visión reduccionista del papel del médico dentro del sistema sanitario.
A pesar de que España cuenta con una alta densidad de médicos por habitante, la sanidad pública se enfrenta a una preocupante escasez de facultativos. Este fenómeno se debe a un modelo de gestión que ha demostrado ser ineficaz, el cual está motivado por una política que ha permitido la saturación de Facultades de Medicina en años pasados, generando un ciclo vicioso que expulsa a los médicos del sistema en lugar de incentivos que los atraigan hacia él.
Los cambios socioeconómicos y las transformaciones en el entorno sanitario han hecho obsoleto aquel modelo de gestión que se sostenía en la existencia de médicos en paro en las décadas de los 80 y 90. Hoy, con una mayor movilidad laboral, los profesionales de la salud ya no están obligados a elegir entre trabajos precarios o el desempleo en un contexto de monopolio estatal. Sin embargo, la actual administración sigue empeñada en forzar a los médicos a trabajar exclusivamente para el sector público, sin ofrecer incentivos que favorezcan su permanencia y motivación.
Además, la estrategia de desmedicalización del sistema sanitario, que busca transferir competencias médicas a otras profesiones de la salud, ha llevado a una situación insostenible. El fracaso de iniciativas como la consulta de acogida, a pesar de la inversión de millones de euros, se reconoce en la intimidad por numerosos directivos del sector. La recentralización de todas las profesiones sanitarias bajo el mismo grupo A1, sin considerar la especialización y responsabilidad de los médicos, acentúa aún más la falta de reconocimiento de la trayectoria profesional.
La falta de diálogo y negociación del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con el Sindicato Médico Andaluz ha empeorado las condiciones sanitarias en la comunidad. Años de desdén hacia el colectivo médico se han traducido en una disminución de la calidad del sistema, con listas de espera en aumento y atención primaria colapsada. La ausencia de una dirección estratégica clara en el SAS ha resultado en la gestión de recursos basada en criterios políticos, en lugar de enfocarse en la calidad y eficiencia del servicio.
La medicina pública enfrenta una crisis sin precedentes que, de mantenerse, podría llevar al colapso total del sistema de salud. Es urgente la necesidad de contar con gestores que comprendan la magnitud del problema y que estén dispuestos a abordar sus causas. La implementación de un modelo de gestión del personal específico para el colectivo facultativo es esencial para retener talento y mejorar la productividad en el sector. La solución no es compleja, pero requiere una innegable voluntad política que, hasta ahora, ha brillado por su ausencia.
El Comité Ejecutivo del Sindicato Médico Andaluz se mantiene firme en la necesidad de reivindicar un cambio real en el modelo de gestión sanitaria, que no solo garantice una atención digna para los profesionales, sino que también revierta la situación actual de la sanidad pública en Andalucía y en toda España.
Fuente: Sindicato Médico Andaluz.
