En un esfuerzo por robustecer la estrategia nacional de ciberseguridad, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha sido incorporado a la estructura de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, Infraestructuras Digitales y Seguridad Digital. Este movimiento, formalizado bajo el amparo del Real Decreto 1185/2024, responde a la necesidad de adaptarse al vertiginoso avance tecnológico y a la implementación de las redes 5G en España.
Con este cambio, el INCIBE, que anteriormente operaba bajo el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, se convierte en un componente crucial dentro de una estructura más integral que busca centralizar competencias en telecomunicaciones y seguridad cibernética.
La reestructuración responde a tres objetivos fundamentales. En primer lugar, se encuentra el refuerzo de la seguridad en las redes 5G, vital para asegurar que esta tecnología de vanguardia cumpla con los estándares del Esquema Nacional de Seguridad. Además, se busca fomentar una colaboración más estrecha entre el sector público y el privado, mediante la creación de Centros de Operaciones de Seguridad (SOC) que fortalecerán la ciberresiliencia empresarial. Por último, el plan pretende proteger a las empresas y ciudadanos en el marco de la transformación digital, garantizando así una adaptación segura a los nuevos cambios tecnológicos con estrategias que minimicen los riesgos cibernéticos.
La nueva estructura organizativa otorga a la Secretaría General de Telecomunicaciones, Infraestructuras Digitales y Seguridad Digital la coordinación de las subdirecciones de ciberseguridad, que anteriormente estaban distribuidas entre diversos organismos. Este nuevo enfoque centralizado está diseñado para fortalecer la supervisión, regulación y desarrollo de políticas de seguridad digital, asegurando así la integridad de las infraestructuras críticas y redes a nivel nacional.
Esta reorganización fortalece la posición del INCIBE como un actor esencial en la ciberseguridad del país, preparándolo para enfrentar de manera eficaz los desafíos de un mundo cada vez más digitalizado. El Real Decreto 1185/2024, por tanto, se erige no solo como un hito en la política de seguridad digital de España, sino también como una garantía de una infraestructura tecnológica robusta y resiliente, lista para enfrentar los retos futuros.
El texto completo del Real Decreto está a disposición del público para aquellos interesados en explorar los detalles de esta transformación estratégica crucial en el camino hacia una seguridad digital más consolidada y eficiente.