El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha tomado una decisión importante al procesar a siete ex altos cargos de la Junta de Andalucía y a otras cinco personas en un caso separado del conocido caso de los ERE. Esta nueva pieza se centra en las ayudas sociales individuales que se concedieron a los antiguos trabajadores de Delphi Automotive Systems España S.L. y su industria auxiliar. Se estima que el total de las subvenciones investigadas asciende a 261.754.334,98 euros.
En un auto de 154 folios notificado recientemente, se han señalado delitos potenciales de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Asimismo, el juez ha remitido la causa a la Fiscalía Anticorrupción, permitiendo un plazo de veinte días a las partes implicadas para que presenten escritos de acusación o soliciten el sobreseimiento, entre otras acciones.
El magistrado ha considerado que no son necesarias nuevas diligencias, dado que ya existen abundantes documentos y datos relacionados con esta pieza separada del caso ERE, que cuenta con 16 tomos y más de 6.500 folios.
El secretario general del Partido Popular de Andalucía, Antonio Repullo, ha subrayado la relevancia de estos nuevos hallazgos. En sus declaraciones, menciona que el caso ERE sigue vivo, destacando que se han destapado 260 millones de euros adicionales vinculados a Delphi. Repullo critica el legado de corrupción del PSOE en Andalucía, señalando a María Jesús Montero como una figura central en este contexto.
Entre los acusados en este procedimiento se encuentran varios ex viceconsejeros y directores generales de la Junta de Andalucía, así como representantes sindicales de CCOO y UGT. Por otro lado, el juez ha decidido el sobreseimiento provisional de otros seis investigados, ya que no se encontraron indicios sólidos que los vinculen a la causa.
Las ayudas en cuestión fueron parte de los «Planes Personales de Inserción» y se articularon a través de pólizas de prejubilación entre 2009 y 2010. Se argumenta que muchas de estas ayudas fueron entregadas de manera irregular, sin cumplir con los procedimientos establecidos, lo que ha llevado al magistrado a calificar su concesión como injusta y arbitraria.
El análisis del juez indica que estas ayudas no solo carecían de un objetivo claro, sino que también omitieron mecanismos legales y controles necesarios, lo que pone en cuestión la ética y la transparencia en la gestión de fondos públicos.
La situación actual refuerza las preocupaciones sobre la corrupción y la administración pública en Andalucía, y mantiene abierta la discusión sobre el legado del Partido Socialista y su impacto en la política regional.
Fuente: Partido Popular Andalucía
