A partir del 2 de agosto de 2025, la Unión Europea (UE) da un paso significativo en la regulación de la inteligencia artificial con la implementación del régimen sancionador del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (RIA). Este marco normativo, considerado pionero a nivel mundial, busca asegurar un uso seguro, ético y responsable de las tecnologías de IA, especialmente aquellas de alto riesgo que afectan derechos fundamentales. Las sanciones por incumplimiento pueden alcanzar hasta 35 millones de euros o el 7% de los ingresos anuales globales de las empresas infractoras.
Sin embargo, la población mantiene una percepción de falta de control y transparencia en el uso de estas tecnologías. Según un estudio de la consultora tecnológica Entelgy, solo el 8,8% de los españoles considera que existe una regulación estricta sobre IA, mientras que un abrumador 88,6% desconfía del control institucional en el desarrollo y supervisión de sistemas de inteligencia artificial.
El RIA prohíbe prácticas consideradas de riesgo inaceptable, como la manipulación subliminal, explotación de vulnerabilidades, reconocimiento facial en espacios públicos, análisis emocional en entornos laborales o educativos y sistemas de puntuación social. Además, exige a las empresas documentar el funcionamiento de sus modelos, asegurar supervisión humana en decisiones críticas, informar claramente sobre el uso de IA y cooperar activamente con la Agencia Española de Supervisión de la IA (AESIA).
A pesar del avance normativo, la baja alfabetización legal permanece como un reto. Solo un 11,4% de la población conoce las leyes vigentes sobre IA, un porcentaje que aumenta ligeramente entre los jóvenes. Este desconocimiento podría obstaculizar la defensa de derechos digitales y la adopción responsable de la tecnología.
El nuevo reglamento es una pieza clave en la estrategia de la UE para fomentar una IA confiable. No obstante, la confianza ciudadana demanda un enfoque integral que incluya alfabetización digital, auditorías abiertas y participación ciudadana en el diseño de políticas. Para las empresas tecnológicas, adaptarse al RIA representa tanto un desafío como una oportunidad para diferenciarse positivamente mediante la transparencia y la ética.
Con la implementación del régimen sancionador, Europa envía un mensaje contundente: la innovación tecnológica debe ir de la mano de la responsabilidad social. Los ciudadanos, por su parte, están llamados a exigir transparencia y ejercer sus derechos digitales en un contexto de creciente vigilancia tecnológica.
