El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha emitido una sentencia que anula el núcleo de la normativa promovida por Podemos, centrada en la modificación de la fórmula del consentimiento en casos de agresión sexual. Esta decisión judicial supone un revés significativo para la formación política, ya que desactiva uno de los pilares fundamentales de la iniciativa legislativa que buscaba reforzar los derechos de las víctimas al redefinir el consentimiento en el ámbito legal. La resolución ha generado un intenso debate político y social sobre la eficacia y el alcance de las reformas propuestas en materia de derechos y protección a las personas afectadas por delitos sexuales.
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