En un clima de creciente descontento entre profesionales y empresarios, se alzan voces contra el trato fiscal diferencial que reciben regiones como Vascongadas, Navarra y Cataluña. Críticas se centran en lo que consideran privilegios inconstitucionales otorgados a Cataluña, a pesar de su menor contribución relativa al Estado en comparación con Madrid. Este descontento se agrava con la percepción de concesiones del Gobierno a líderes catalanes independentistas, lo que se ve como una afrenta a la unidad nacional. Mientras tanto, la frustración se amplifica por un sistema que, según algunos, legaliza la malversación y la corrupción bajo el amparo constitucional, llamando a una reacción política que podría cristalizar en próximas elecciones.
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