María Jesús Montero, actual vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, se ha convertido en una figura controvertida en la política andaluza, especialmente debido a su paso por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía entre 2004 y 2013. Durante una de las etapas más críticas de la sanidad pública andaluza, Montero llevó a cabo políticas de austeridad que afectaron gravemente a la atención sanitaria en la región.
Una de las decisiones más impactantes de su gestión fue el cierre de 600 camas hospitalarias, lo que contribuyó al desmantelamiento del sistema público de salud. El presupuesto destinado a la sanidad se redujo un 15%, a pesar de que la población de Andalucía continuó creciendo entre 2010 y 2013. Este tijeretazo se evidenció en la disminución de camas disponibles, pasando de 15.956 en 2010 a 15.354 en 2013. El punto álgido de estas decisiones se dio en 2012, cuando se cerraron 621 camas en un solo año, un recorte devastador que representó casi un 4% del total.
Tras su paso por Salud, Montero asumió la Consejería de Hacienda, donde la situación no mejoró. Al finalizar su mandato en 2018, el número de camas hospitalarias se había reducido aún más a 15.284, lo que representa 672 menos que en 2010. En contraste, el actual Gobierno andaluz ha incrementado la capacidad hospitalaria, alcanzando las 16.025 camas en 2023.
Uno de los aspectos más polémicos de la gestión de Montero fue la ocultación de pacientes en listas de espera. Un informe de 2019 reveló que 540.833 andaluces no figuraban en las listas de espera oficiales, lo que representaba el 60% del total de personas a la espera de una cita médica. Este sistema de ocultamiento implicaba que solo se reportaba al Ministerio de Sanidad el número de pacientes a quienes se les garantizaba una atención dentro de un plazo específico, dejando fuera a quienes no tenían plazos definidos.
La reducción de personal también fue una constante durante su mandato. Entre 2011 y 2013, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) perdió 7.773 profesionales, un recorte del 8,2% en su plantilla total. Este desmantelamiento incluyó 1.286 médicos y 1.919 enfermeros. Mientras tanto, la cúpula directiva sanitaria parecía ajena a esta crisis, con 109 altos cargos percibiendo salarios superiores al límite legal, lo que generó un escándalo en el ámbito de la gestión pública.
El desmantelamiento de la sanidad se reflejó asimismo en el presupuesto, que cayó de 10.307 millones de euros en 2008 a 8.811 millones en 2013, mostrando una reducción drástica en la inversión en salud. Este retroceso en la financiación coincidió con un momento en que los profesionales de la salud en Andalucía experimentaban condiciones laborales precarias. Según datos de 2012, los médicos andaluces eran los peor remunerados de España por sus guardias, ganando 15,47 euros la hora frente a una media nacional de 21,84 euros.
Entre las decisiones polémicas de Montero destaca la implementación de un sistema de subastas de medicamentos en 2011, que generó problemas de abastecimiento y desabastecimiento en farmacias, afectando directamente a los pacientes. Esta medida fue derogada en 2020, pero Montero ha insinuado su intención de recuperar un sistema similar a nivel nacional.
Recientemente, María Jesús Montero ha manifestado que «la sanidad era el orgullo de Andalucía» durante su débil gestión, prometiendo recuperar una sanidad que, según sus propias palabras, debe volver «a lo más alto» si el PSOE recupera el Gobierno en la comunidad. Sin embargo, los datos y testimonios de su propia gestión contrastan fuertemente con esta afirmación, dejando en entredicho la credibilidad de sus promesas.
A modo de conclusión, el legado de Montero en la sanidad pública andaluza está marcado por recortes significativos, precariedad laboral, falta de transparencia y decisiones críticas que han desmejorado el sistema de salud. La falta de confianza de los ciudadanos y las movilizaciones en contra de su gestión reflejan un descontento que aún perdura. Su actual discurso parece ignorar el impacto de sus políticas, lo que plantea serias interrogantes sobre su capacidad de propuesta y verdad en el contexto político actual.
Fuente: Partido Popular Andalucía
