La organización Privacy International ha puesto de relieve preocupaciones significativas respecto al uso de la tecnología de reconocimiento facial (FRT) en el Reino Unido, exponiendo una desconexión preocupante entre los legisladores y los derechos de privacidad de los ciudadanos. En el marco de la campaña «El fin de la privacidad en público», la organización busca crear conciencia sobre los riesgos asociados con la implementación de esta tecnología en espacios públicos, revelando además vacíos notables en la regulación y supervisión de dicho uso.
El reporte apunta a una falta de respuestas claras por parte de los parlamentarios británicos, quienes han evitado abordar preguntas esenciales sobre el uso del FRT en sus respectivas circunscripciones. Privacy International destaca que un preocupante 70% de los parlamentarios admitieron no saber si esta tecnología está siendo empleada en sus áreas. Las reticencias van más allá, con respuestas que no profundizan en los riesgos potenciales tales como los sesgos discriminatorios hacia minorías, el alcance de la vigilancia masiva y las consecuencias éticas que conlleva.
Aquellos parlamentarios que intentaron calmar la preocupación de sus electores señalaron la regulación existente a través del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) y la Ley de Protección de Datos de 2018. No obstante, Privacy International advierte que estas normativas son insuficientes al abordar únicamente el procesamiento de datos personales, dejando sin atender aspectos críticos como la discriminación y la posibilidad de vigilancia indiscriminada.
El uso del FRT por parte de las fuerzas policiales se enfrenta a un entramado legal complejo que incluye el Código de Cámaras de Vigilancia (POFA 2012) y la Ley de Derechos Humanos. Sin embargo, la falta de marcos legales específicos para esta tecnología crea inconsistencias y confusión sobre las responsabilidades regulatorias.
Ante estos retos, tanto Privacy International como el Comisionado de Información del Reino Unido han pedido un código de prácticas vinculante, que ofrezca transparencia y consistencia en el uso de tecnologías biométricas. Este marco beneficiaría tanto a las fuerzas del orden como al público en general, proporcionando garantías claras.
La campaña de Privacy International enfatiza la necesidad urgente de equilibrio entre la seguridad colectiva y la libertad individual. A pesar de que algunos parlamentarios defienden el FRT como una herramienta esencial para la policía, no se han detallado suficientes medidas que aseguren la transparencia y la proporcionalidad de su uso.
La reanudación de la campaña busca sensibilizar y presionar por una supervisión parlamentaria más estricta, advirtiendo sobre los peligros de la normalización de la vigilancia masiva. Sin acciones regulatorias adecuadas, la privacidad y la libertad en espacios públicos podrían redefinirse de manera negativa, un escenario que intensifica el debate sobre cómo equilibrar la seguridad pública con los derechos individuales en una era digital cada vez más prevalente.
